OPINIÓN
Por Óscar Martínez
Stanley Estrada/Agence France-Presse — Getty Images
SAN SALVADOR
— Entre la noche del sábado 1 de mayo y la madrugada del domingo 2, en su
primera sesión legislativa tras arrasar en las elecciones de febrero de 2021, los
diputados del partido de Bukele, Nuevas Ideas, dueños de la mayoría absoluta en
la Asamblea Legislativa, violaron la Constitución
salvadoreña para dar todo el poder a su líder.
Sin respetar
las reglas democráticas del país, algunas de ellas alcanzadas tras 12 años de
guerra civil y más de 75.000 muertos,
la Asamblea destituyó en
una sola jornada a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, dos organismos independientes
que han sido vitales para detener los repetidos intentos de Bukele de gobernar
sin respetar las reglas democráticas. Sin las consultas a las que obliga la
Constitución, se leyó una lista de sustitutos afines al bukelismo y se aprobó.
Lo diré de
otra forma: el sábado, mientras cenaba, El Salvador aún tenía un sistema de
contrapeso de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuando
desayuné el domingo por la mañana, un señor de 39 años era dueño de todo. Cené
en una república imperfecta. Desayuné en una dictadura en ciernes.
Cualquier duda ha sido disipada y la historia debe registrar que en 2021
Latinoamérica tuvo, una vez más, un país donde todo el poder se concentró en un
solo hombre.
Este hombre
lo venía buscando desde que en junio de 2019 llegó a la presidencia. Incluso
cuando Bukele era alcalde de la capital daba señales de que las reglas
democráticas le estorbaban, y convocaba a una marcha contra
la Fiscalía solo porque le llamaron a declarar. Siendo
presidente se tomó con militares la Asamblea porque no le
aprobaron un préstamo. En cuarentena, violó la Constitución
sistemáticamente. Ahora es el todopoderoso en El Salvador.
Es posible
que la historia señale este fin de semana como el inicio formal de su régimen.
Y vale decir que no lo construyó solo, sino con el apoyo masivo de una sociedad
que vuelve a autoflagelar sus derechos mientras aplaude a un nuevo caudillo,
una sociedad que ha demostrado una vez más su ignorancia de la democracia. Pero
el régimen también se ha construido gracias a la actitud pusilánime de decenas
de funcionarios públicos que, entendiendo que lo que hacen es ilegal, han
decidido conservar sus puestos y sus salarios, temerosos de ser ubicados en el
bando de los traidores, los opositores, y sufrir las consecuencias. A esto
también, la historia los juzgará.
Y, sin
embargo, una de las pocas posibilidades de que el régimen colapse está en manos
de esa misma gente: la sociedad aturdida y los funcionarios temerosos. La
esperanza es que salgan de ese aturdimiento y que abandonen esa cobardía.
Los gobiernos del mundo, ahora mismo, pueden hacer poco. Desde
legisladores estadounidenses, pasando por miembros del Departamento de Estado,
la vicepresidenta de Estados
Unidos, embajadores, líderes de organizaciones globales o
representantes de Naciones Unidas, los mensajes de repudio llovieron, y Bukele
respondió con un tuit: “A nuestros
amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar,
viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas
que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… Y eso no es
de su incumbencia”. Lo que la comunidad internacional piense de sus formas
inconstitucionales, parece decir Bukele, le importa tanto como para escribir un
tuit, pero no lo suficiente como para detener su desmantelamiento de la
democracia.
Sus aliados
ya anunciaron que habrá más destituciones por la misma vía legislativa.
Los
magistrados destituidos habían declarado inconstitucionales algunas medidas
tomadas por Bukele durante la cuarentena, como suspender garantías
constitucionales con solo un tuit. Y el fiscal destituido, menos
determinado en sus acciones que los magistrados, había iniciado una
investigación tras la revelación periodística de que el gobierno lleva, desde
la toma de posesión de Bukele, negociando con la Mara
Salvatrucha-13 la reducción de homicidios y ayuda para las
pasadas elecciones legislativas. Así que por la madrugada del domingo, los
nuevos magistrados y el nuevo fiscal, todos cercanos a Bukele, entraron a la
Corte y a la Fiscalía para usurpar esas oficinas y desarmar la breve democracia
salvadoreña, que ya era raquítica antes de la llegada de Bukele.
En este
momento, a poco de cumplir el segundo año de mandato, Bukele tiene lo que
quiere: una Asamblea Legislativa donde 64 de los 84 diputados votan
utilizando solo el criterio de lo que su líder pida; una Sala de lo
Constitucional que entra violando la Constitución y que difícilmente rebatirá
uno de sus designios o protegerá el texto democrático. Y un fiscal general que
ya antes ha defendido los intereses del gobierno de Bukele, como defensor
designado por la presidencia.
La sensación reinante es de temor: algunos de los magistrados
destituidos, así como el fiscal, publicaron cartas renunciando a sus cargos luego
del golpe legislativo, apartándose del debate. Rechazaron los argumentos con
que los destituyeron, pero se apartaron.
contrapesos
que quedan, como el procurador de Derechos Humanos, están en la cuerda floja, y
pueden perder su cargo en la próxima plenaria legislativa. Una de las diputadas
de Bukele, en reacción a un comunicado del procurador condenando lo ocurrido,
tuiteó, aunque luego borró: “You are next”. Esto no ha acabado.
En los días
y años por venir, El Salvador probablemente verá arrestos injustificados de
opositores, ataques contra medios de comunicación utilizando todas las
herramientas del Estado, un enriquecimiento obsceno y descarado de parte de los
miembros de su gobierno, modificaciones constitucionales a su medida y reglas
electorales que se le ajusten. Bukele se cree el elegido y más de un 80 por ciento de
la sociedad salvadoreña lo ve de esa forma y aplaude sus acciones, así con
ellas les reste derechos fundamentales.
La única posibilidad de que esto no ocurra es que el sistema implosione.
La esperanza más viable es que poco a poco sus funcionarios entiendan que algún
día perderán su cargo y tendrán que enfrentar sus acciones. Algunos de esos
funcionarios son diputados jóvenes, que rozan los 30 años, y que se estrenaron
en un cargo público violando la Constitución. Esa camada de políticos podría
darle la espalda al líder para ayudar a El Salvador a regresar a la senda de la
democracia. Pero de momento es claro que prefieren actuar como peones del rey.
La comunidad
internacional también debe jugar un rol determinante en el proceso de abrir los
ojos a algunos políticos fieles a Bukele y de impedir que la ya atemorizada oposición
—liderada por el antiguo binomio Arena y FMLN que dominó la política
salvadoreña hasta la irrupción de Bukele— muera en silencio.
Mientras
buena parte del país celebra la recién instalada autocracia, la sociedad
crítica está sumida en días de miedo y ansiedad. Cuesta otear un futuro
esperanzador donde el presidente se sienta menos dueño de todo. Solo el cambio
individual puede ayudar a restablecer un panorama colectivo democrático. El
Salvador, una vez más, necesita a ciudadanos valientes, dispuestos a sacrificar
su comodidad y sufrir persecución a causa de su defensa de la democracia.
Mientras
tanto, en mi país no impera ningún Estado de derecho, sino un hombre.
Óscar Martínez (@CronistaOscar) es
periodista y editor de El Salvador. Ha publicado Los
migrantes que no importan, Una
historia de violencia: Vivir y morir en Centroamérica y, junto con
Juan José Martínez, El Niño de Hollywood, sobre la MS-13.
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